La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la extinción de siete organismos autónomos, una medida impulsada por el gobierno federal que ha desatado un fuerte debate político. La sesión, que comenzó el miércoles 20 de noviembre, fue reanudada esta mañana, y tras horas de discusión, la mayoría oficialista conformada por Morena, el PT y el PVEM, logró la aprobación del dictamen con una modificación clave.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, propuso la creación de un órgano descentralizado de la Secretaría de Economía (SE), que fusionará a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero conservando la personalidad jurídica y el patrimonio de cada uno. Esta modificación fue celebrada incluso por algunos diputados de la oposición, pero la extinción de otros organismos como el INAI, Coneval, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH) fue aprobada sin cambios.
La reforma, que originalmente fue presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2024, ahora pasará a las comisiones del Senado para su discusión y, posteriormente, al Pleno de esta cámara. Al tratarse de una reforma constitucional, necesitará la aprobación de las legislaturas estatales antes de regresar al Congreso de la Unión para su promulgación.
El debate en el Pleno de la Cámara de Diputados fue acalorado, con acusaciones de que la reforma responde a una venganza política contra los organismos que, según la oposición, han ejercido un control independiente y han representado un freno para los intereses del gobierno. Los diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano denunciaron que esta medida abre la puerta a una mayor centralización del poder y podría poner en riesgo la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
Por otro lado, los legisladores de Morena y sus aliados defendieron la reforma, argumentando que se trata de una modernización del aparato gubernamental y de un paso hacia un Estado de Derecho más robusto, que no está supeditado a intereses de grupos de poder, sino al bienestar del pueblo.
La reforma es parte de un proceso más amplio de transformación de las instituciones del país, según los defensores del proyecto, y su aprobación sigue la agenda del gobierno para consolidar un modelo institucional alejado del neoliberalismo.
