El presidente Andrés Manuel López Obrador ha firmado una nueva extensión al decreto que permite la regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como «autos chocolates». Esta medida extiende el programa hasta septiembre de 2026, permitiendo que propietarios que aún no han legalizado sus vehículos puedan hacerlo en 16 estados de la república.
La extensión se da en los últimos meses del sexenio de López Obrador, durante el cual se han regularizado 2.5 millones de autos, con un costo de $2,500 pesos por trámite, generando una recaudación de 6,398 millones de pesos destinados a la mejora vial.
Impacto del decreto y la controversia con la industria automotriz
El programa de regularización, lanzado como parte de las políticas del gobierno para atender una demanda social de larga data, ha permitido que millones de propietarios de vehículos extranjeros obtengan la documentación necesaria para circular legalmente. Esta regularización no solo ha beneficiado a los usuarios, sino que los ingresos generados se han destinado a proyectos de infraestructura vial en diversas ciudades del país, contribuyendo a la mejora de calles y carreteras.
Sin embargo, esta medida ha sido fuertemente criticada por la industria automotriz nacional, ya que los autos regularizados han superado las ventas de vehículos nuevos en México. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) ha expresado su preocupación, argumentando que la regularización de estos vehículos afecta al sector formal y pone en riesgo la competitividad de la industria.
Pese a la controversia, el gobierno ha defendido la extensión del decreto como una acción en favor de las clases trabajadoras, permitiendo que más personas regularicen sus vehículos de manera accesible. Con la nueva fecha límite en 2026, los propietarios de vehículos chocolates tendrán más tiempo para acogerse al programa, cuya principal meta ha sido mejorar la movilidad y legalidad en las calles del país.
