El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, en lo general, una reforma constitucional que propone la extinción de siete órganos autónomos, instituciones clave para la transparencia, regulación económica, telecomunicaciones, energía y educación en el país. La sesión para discutir la reforma en lo particular continuará este jueves 21 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
¿Qué se aprobó ayer?
Con 347 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, los diputados dieron luz verde al dictamen que plantea modificar la Constitución para eliminar los siguientes organismos:
- INAI: Encargado de garantizar el acceso a la información pública y proteger los datos personales.
- CONEVAL: Especializado en medir la pobreza y evaluar programas sociales.
- IFT: Regula telecomunicaciones y radiodifusión, incluyendo servicios de internet.
- Cofece: Promueve y supervisa la competencia económica.
- MEJOREDU: Evalúa la calidad de la educación en México.
- CRE: Regula la producción y distribución de energía.
- CNH: Supervisa la exploración y extracción de hidrocarburos.
¿Qué significa esta reforma?
La propuesta busca centralizar las funciones de estos órganos en distintas dependencias del Ejecutivo Federal, argumentando que esto reducirá costos y eliminará duplicidades. Por ejemplo, las tareas del INAI pasarían a la Secretaría de la Función Pública, mientras que la medición de la pobreza del CONEVAL quedaría a cargo del INEGI.
El gobierno asegura que esta medida permitirá ahorrar recursos que serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, promete que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de estos organismos.
¿Por qué es importante?
Los órganos autónomos han sido pilares en temas como transparencia, regulación económica y derechos ciudadanos. Su desaparición ha generado preocupación en diversos sectores, que advierten sobre una posible pérdida de autonomía, menor control ciudadano y riesgos para los contrapesos del poder en el país.
Por ahora, la reforma sigue en debate en la Cámara de Diputados, donde se revisarán las reservas presentadas por los legisladores. Después, deberá ser aprobada por el Senado y, finalmente, por la mayoría de los congresos estatales antes de entrar en vigor.
El tema sigue generando un intenso debate entre quienes defienden la centralización como un camino hacia la austeridad y quienes temen que este cambio comprometa la democracia y los derechos ciudadanos. La discusión en lo particular será clave para determinar el futuro de esta reforma.
